2,4 millones de españoles aseguran no poder pagar los medicamentos

Si se extrapola el porcentaje, resulta que 2,4 millones de españoles tienen dificultades para hacer frente a sus tratamientos médicos. Es la primera vez que el barómetro, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el CIS, pregunta por esta cuestión: “En los últimos doce meses ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque era muy caro?”

El número de respuestas positivas no es ninguna sorpresa para organizaciones como Cruz Roja, que durante la crisis ha hecho un llamamiento excepcional para ayudar a personas afectadas por la crisis en España. Entre las necesidades básicas que intenta cubrir la campaña están los suministros (luz y agua), los alimentos... y los medicamentos. El 35% de los 2,4 millones de personas que atiende Cruz Roja en España no puede afrontar gastos médicos como la compra de fármacos. Bien porque ya no están cubiertos por la Seguridad Social o por el copago, según el Informe sobre vulnerabilidad social presentado a finales del año pasado.

La reforma sanitaria que puso en marcha el Gobierno en 2012 cambió el sistema de pago de los medicamentos y excluyó más de 400 de la financiación pública (el llamado medicamentazo) para tratar de reducir la factura farmacéutica. Por primera vez, los pensionistas empezaron a pagar un 10% de su coste y se modificaron las aportaciones del resto de ciudadanos en función de su renta.

Los expertos en salud pública y economía de la salud llevan desde entonces reclamando un estudio del impacto de la reforma. “Que sepamos, no se ha evaluado la reforma”, señala Juan Oliva, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud. “No sabemos si esos fármacos que se dejan de tomar son para dolencias leves o enfermedades crónicas o cómo está afectando a las personas con las rentas más bajas”, añade. El Ministerio de Sanidad reconoce carecer de una evaluación, y asegura que la pregunta en el barómetro no tiene ese objetivo, sino responder a una propuesta que hizo la OCDE a sus miembros en 2005. “Ocho países ya lo han preguntado a sus ciudadanos y salen datos similares a los de España”, añade.

Fuente: El País

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